El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha admitido el recurso de inconstitucionalidad presentado por el diputado Miguel Roca de Comunidad Ciudadana (CC) contra la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que permitía la confiscación de productos. Con esta decisión, el TCP ha suspendido de manera provisional la aplicación de esa normativa, lo que impide al gobierno llevar a cabo el decomiso de bienes bajo esa disposición.
El presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, explicó que el Tribunal aprobó un auto constitucional en el que se suspende la aplicación de los primeros dos párrafos de la disposición cuestionada. Esto significa que el gobierno no podrá aplicar ninguna medida vinculada a la confiscación de productos hasta que se resuelva el fondo del recurso. Hurtado también detalló que la notificación de esta decisión será enviada a David Choquehuanca, vicepresidente del Estado y responsable de la creación de la norma impugnada.
El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por Roca, quien argumenta que la disposición podría violar derechos fundamentales y afectar la economía del país. Esta medida de suspensión provisional ha sido respaldada por diversas organizaciones que consideran que la confiscación de productos sin un debido proceso sería una grave vulneración de los derechos de los ciudadanos.
En respuesta a la controversia, un comité multisectorial ha anunciado que se movilizará a partir del 24 de marzo en contra de la disposición del PGE 2025, exigiendo su anulación. Aseguran que la implementación de dicha norma tendría efectos negativos para los ciudadanos y la estabilidad económica del país.
