El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, César Adalid Siles, ha solicitado una pena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para el adolescente de 16 años condenado por el infanticidio y violación de una niña de un año y tres meses. La sentencia inicial de seis años ha sido considerada injusta por el ministro, quien anunció que interpondrá una acción ante un juez constitucional para anular parcialmente la condena y solicitar que se aplique una nueva sentencia con un procedimiento ordinario. Siles afirmó que se están tomando medidas para asegurar que los responsables de este tipo de delitos reciban castigos más severos.
El caso, que ha conmocionado a la sociedad, involucra a un adolescente que agredió brutalmente a la niña, y su madre, también detenida, fue testigo del trágico suceso. En otro caso reciente, un hombre de 19 años golpeó a su hija de dos años, causándole la muerte debido a un trauma severo. Estos incidentes, junto con un caso más en Caranavi, ponen de relieve el grave problema de la violencia infantil en el país, un flagelo que sigue afectando a numerosos menores de edad.
Las organizaciones defensoras de los derechos de los niños han expresado su preocupación por la flexibilidad de la Ley 548 (Código Niña, Niño y Adolescente), que permite penas más leves para adolescentes que cometen delitos graves. Jessica Echeverría, fundadora de la Red Ciudadana contra el Infanticidio, indicó que el 80% de los infanticidas aceptan su culpabilidad y se benefician de procedimientos abreviados, lo que reduce las penas. La organización ha pedido reformas urgentes para imponer penas más estrictas en casos de infanticidio y abuso infantil.
Como respuesta a estos crecientes casos de violencia, el ministro Siles ha propuesto modificaciones a la Ley 548, buscando una reforma que incremente las penas para delitos cometidos por adolescentes, especialmente aquellos relacionados con asesinatos, feminicidios o infanticidios. En las próximas semanas, el Ministerio de Justicia iniciará mesas de trabajo con el Órgano Judicial y la Fiscalía General para avanzar en estas reformas, las cuales serán presentadas a la Asamblea Legislativa para su aprobación.
