Una jueza federal dictaminó que la Administración Trump no puede revocar el parole humanitario a más de medio millón de personas.
El Gobierno estadounidense planeaba dejar sin estatus legal el próximo 24 de abril a 532.000 migrantes procedentes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití y había advertido a los afectados por la cancelación del programa que debían autodeportarse antes de la fecha o enfrentarse a las autoridades de inmigración.
Indira Talwani, jueza de distrito de Boston, afirmó que la suspensión masiva de las protecciones otorgadas por el parole no puede llevarse a cabo sin que el Gobierno revise cada caso individualmente.
“La terminación anticipada, sin ninguna justificación caso por caso, de la situación legal” de estos migrantes “socava el Estado de derecho”, opinó la magistrada.
