Una comisión de fiscales ha iniciado una investigación sobre la caza ilegal de jaguares en San Matías, Santa Cruz, y ha solicitado la cooperación internacional para identificar a otros posibles cómplices o encubridores, según informó el fiscal departamental, Alberto Zeballos. El caso salió a la luz gracias a un reportaje de la revista Nómadas, que denunció a la empresa argentina Caza & Safaris Argentina por organizar expediciones ilegales en áreas protegidas del oriente boliviano. La compañía, dirigida por Jorge Néstor Noya, ofrecía paquetes de hasta $us 50,000 para cazar jaguares desde la década de 1980.
Hasta el momento, las autoridades han identificado a dos personas implicadas en el caso: el empresario argentino Noya y un ciudadano español. La Fiscalía, en colaboración con la Policía, está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar si existen más autores o encubridores involucrados en estos delitos de biocidio y destrucción de bienes del Estado. Además, se ha solicitado información migratoria de los implicados para entender cómo ingresaron al país y si han cometido otros crímenes relacionados en sus países de origen.
El caso ha causado gran indignación entre los sectores ambientalistas y organizaciones de protección de la vida silvestre, que exigen justicia y medidas más estrictas para evitar que Bolivia se convierta en un destino de caza ilegal. La caza de jaguares es particularmente alarmante, ya que esta especie está considerada vulnerable y en peligro de extinción, por lo que la Constitución boliviana exige su protección y conservación. Las autoridades también han solicitado información al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para determinar si los crímenes ocurrieron en propiedades privadas o en reservas nacionales.
