Desde octubre de 2024, un sector del trópico de Cochabamba se ha convertido en un refugio para dirigentes políticos y personas vinculadas a crímenes, quienes evaden la acción de la justicia. En este lugar, se han instalado vigilias y anillos de seguridad, donde grupos armados, que incluyen tanto armas de fuego como bazucas artesanales, controlan el acceso, exigiendo carnets de afiliación sindical y revisando pertenencias. Este refugio ha sido organizado por afines a Evo Morales, quienes se niegan a cumplir con las órdenes judiciales que los vinculan a diversos delitos.
El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, expresó su preocupación por la presencia de personas extranjeras en las vigilias, advirtiendo que hay una clara intención de internacionalizar un asunto judicial interno, lo que podría desestabilizar el orden público. Aguilera calificó de inaceptable que grupos armados, respaldados por declaraciones públicas de líderes como Morales y Ponciano Santos, busquen evadir la ley, debilitando la confianza en el sistema judicial del país.
A través de las redes sociales, se han emitido amenazas directas contra las fuerzas policiales y autoridades del Ministerio de Gobierno. Dirigentes afines a Morales han advertido con represalias violentas en caso de que las autoridades procedan a aprehender a los líderes del refugio. Estas amenazas incluyen ataques a familiares de los efectivos de la policía, lo que genera un ambiente de alta tensión en la región.
Además, varios implicados en crímenes como el quíntuple asesinato de Pucamayu se encuentran resguardados en la zona. La justicia ha emitido órdenes de aprehensión contra dirigentes como Humberto Claros y Ponciano Santos, quienes enfrentan acusaciones de terrorismo y alzamiento armado, mientras que Evo Morales está bajo investigación por trata y tráfico agravado. Sin embargo, el trópico sigue siendo un santuario para estos individuos, lo que plantea un desafío significativo para las autoridades bolivianas.
