La Defensoría del Pueblo reportó con preocupación que en lo que va de 2025 se han registrado ocho muertes violentas dentro de diferentes recintos penitenciarios de Bolivia. Este dato es alarmante, ya que en todo el año 2024 se registraron solo nueve muertes violentas, lo que demuestra un aumento significativo en tan poco tiempo. La situación se agrava aún más con la inclusión de una muerte por arma de fuego, algo sin precedentes hasta ahora, lo que genera inquietud sobre el nivel de violencia dentro de las cárceles del país.
El informe detalla varios incidentes, entre ellos un apuñalamiento en el centro penitenciario de Morros Blancos (Tarija) el 2 de enero, y otro en Chonchocoro (La Paz) al día siguiente. Además, el 12 de enero, se registró un feminicidio y suicidio en el penal de Palmasola (Santa Cruz), mientras que el 26 de enero, un recluso fue asesinado a tiros en Chonchocoro. Este penal, considerado de «máxima seguridad», se ha convertido en el escenario principal de las muertes violentas dentro de las cárceles del país.
La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado urgente al Estado boliviano para que tome acciones inmediatas. A través de un pronunciamiento oficial, instaron al Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y el Régimen Penitenciario a optimizar los sistemas de seguridad y control dentro de los recintos penitenciarios, a fin de prevenir más tragedias y evitar que Bolivia sea declarada responsable internacionalmente por violaciones a los derechos humanos.
