En 2024, casi 150,000 hectáreas de bosque nativo fueron destruidas en el norte de Argentina, principalmente en la región del Gran Chaco, a consecuencia de la deforestación impulsada por actividades agropecuarias. Este fenómeno, según un informe reciente de Greenpeace, ha afectado principalmente a las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa. En total, se han arrasado 149,649 hectáreas, una extensión equivalente a unos 210,000 campos de fútbol, lo que ha generado una gran preocupación en la comunidad ambiental.
Greenpeace ha denunciado que este desmonte ha sido facilitado por la modificación ilegal de los ordenamientos territoriales en estas provincias. La Ley de Bosques de Argentina, que prohíbe la deforestación en áreas protegidas, ha sido violada sistemáticamente, permitiendo que las autoridades provinciales autoricen desmontes en zonas que deberían estar protegidas. En Chaco, por ejemplo, los desmontes fueron suspendidos por la justicia provincial en 2020 debido a la falta de actualizaciones en el ordenamiento territorial. Mientras tanto, en Santiago del Estero, alrededor del 80% de la deforestación ocurrió en áreas que estaban bajo protección legal.
La organización ambiental Greenpeace considera este proceso como un «ecocidio» y exige una mayor penalización por los desmontes ilegales, más allá de las multas económicas que actualmente se imponen. Según los expertos de la ONG, las multas no son suficientes para frenar la destrucción, y es necesario implementar un plan de restauración de los bosques y castigos más severos, incluso penas de prisión para quienes destruyan estos ecosistemas. En 2023, Greenpeace lanzó una consulta popular que contó con el apoyo de más de 260,000 personas, pidiendo penas más duras contra los responsables de la deforestación.
